A final de este mes se sabrán ‘todos los detalles técnicos y legales’ del referéndum del 1 de octubre, según que ha anunciado hoy el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la sesión de control del parlamento. Una de las cuestiones que ha avanzado es que el gobierno abrirá una bolsa para que más de 4.500 trabajadores, funcionarios o no, se puedan apuntar para que el gobierno los acredite como agentes electorales. ‘Son ellos lo que tendrán que garantizar el proceso electoral’, ha dicho Puigdemont.
‘En ninguna parte se dice que los funcionarios tengan que participar en la organización de procesos electorales –ha añadido–. Los funcionarios no tienen que participar en procesos electorales. Tienen que ser representantes de la administración, que pueden ser trabajadores, voluntarios o funcionarios en la condición de voluntarios.’
Una consulta vinculante (o no)
Sobre las garantías, Puigdemont ha asumido también, a pregunta de la CUP, el compromiso de crear una comisión de expertos internacionales formada por juristas que controlen justamente estas garantías. Un compromiso que la CUP ha recordado que se tenía que haber cumplido antes de acabar el 2016.
Los agentes electorales son el personal que en cualquier proceso electoral vela por el funcionamiento de la votación y tiene varias tareas como garantizar que se abre el local electoral, recibir llamadas de incidencias o ejercer de coordinadores locales de Barcelona o Badalona, teniendo en cuenta el convenio que tiene la Generalitat con estos dos ayuntamientos. Por otro lado, los ayuntamientos son los encargados de designar en cualquier convocatoria electoral los locales de votación y los coordinadores locales. En previsión que haya ayuntamientos que se nieguen a colaborar, el gobierno prevé decidir los locales electorales teniendo en cuenta los espacios de titularidad de la Generalitat que sean más próximos en su punto habitual de votación y escogerá de la bolsa de voluntarios los coordinadores locales necesarios.
Además de los agentes electorales, hay que escoger unos 72.000 miembros de meses electorales sumando los titulares y los dos tipos de suplentes si se tiene en cuenta que se necesitan unas 8.000 urnas para hacer el referéndum. Habitualmente son los ayuntamientos los que organizan los sorteos para escoger los miembros de la mesa pero, en el caso del referéndum, está por decidir quién asumirá el sorteo. Se trata de un detalle que se incluirá en la legislación que regulará el referéndum y que se dará a conocer a finales de junio.